Proponen reformas a ley laboral para evitar abusos por parte de las empresas

Para la magistrada María del Rosario Jiménez Moles, es indispensable verificar que no se violen los derechos de los empleados.

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Los inspectores podrían tener más herramientas para verificar que se cumpla la ley laboral y no se violen los derechos de los empleados.

Pero, además, se cuidaría que no se convirtieran en verdaderos extorsionadores. 

Así lo propuso la magistrada María del Rosario Jiménez Moles, quien planteó “poner dientes en la ley”, fortalecer los presupuestos y la capacitación de los inspectores.

Esto, en la mesa “Certificación efectiva en la subcontratación”, dentro del Parlamento Abierto sobre la regulación del outsourcing en el Senado.

La magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) destacó la importancia del dictamen que se analiza y fue aprobado en diciembre pasado por unanimidad en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativo, Segunda, de la Cámara alta.

La legislación, aclaró, propone reformar las leyes Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así, s eñe pondría dientes a la ley, y se darían “los mecanismos para que el gobierno y los estados asuman esta obligación en materia de inspección”.

Esto, detalló, para que estén obligados, en materia de inspección, a crear las políticas públicas necesarias para que cuenten con los recursos para que los inspectores no sean, como en el pasado, verdaderos extorsionadores, sino personas que están verdaderamente verificando las condiciones de trabajo en una empresa.

Además, apuntó que es bueno que en el dictamen se proponga un registro en materia de empresas subcontratistas para verificarlas, incluso establecer en la ley que otorguen las garantías necesarias que eviten una actitud fraudulenta.

Para ella,  la inspección laboral no tendría más éxito si se deja a discrecionalidad al inspector, por lo que recomendó considerar en las leyes un mecanismo de operación muy claro para definir a dónde debe ir, así como emponderar al trabajador para hacer la denuncia.

Expuso que el empleado es quien mejor sabe que se le están violando todos sus derechos, que no se le permite formar parte de un sindicato, cuando la reforma laboral establece que puede estar en tantos sindicatos como quiera.

Agregó que se requieren políticas públicas que comprometan desde la legislación el presupuesto para que existan inspectores suficientes, bien pagados, capacitados y especializados, porque si no esto no va a funcionar.

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